BLOQUEOS, SANGRE Y PODER: LA LIBERTAD CERCADA EN LLALLAGUA

Autor: Lourdes Nadia Romero Lara. Líder Ladies of Liberty Alliance Bolivia / Directora Regional de Alianzas y Patrocinios Ladies of Liberty Latam / Coordinadora Local de Estudiantes por la Libertad / Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

La crisis política en Llallagua y defensa de la libertad en Bolivia se ha convertido en un símbolo de cómo el abuso de poder, los bloqueos violentos y la ausencia del Estado amenazan los derechos fundamentales y la vida en comunidad.

EL BLOQUEO COMO RECURSO COERCITIVO: LA URBE SITIADA

Llallagua, situada en el norte de Potosí, ha estado más de una semana asediada por grupos ejecutados por partidarios de Evo Morales, que demandan su registro como aspirante presidencial y la dimisión del presidente en funciones. Lo que inició como una manifestación política se ha convertido en un instrumento de presión a gran escala: la ciudad quedó aislada, sin acceso a alimentos, combustibles o fármacos. La falta es grave y la desesperación de las familias se incrementa diariamente (Infobae).

Desde un punto de vista libertario, resulta inadmisible que cualquier colectivo posea la autoridad para privar a toda una comunidad de su derecho a moverse, comerciar y obtener bienes fundamentales. El derecho a la manifestación finaliza donde se inicia la vulneración de la vida, la libertad y los derechos de terceros. Nadie posee la autoridad moral o jurídica para secuestrar a sus compatriotas bajo el argumento de un motivo político. Lo que sucede en Llallagua no es simplemente una manifestación de insatisfacción, sino la aplicación del deseo de unos cuantos sobre la libertad de miles, un asalto que nunca puede ser excusado ni por la historia ni por las circunstancias.

ESCALADA DE VIOLENCIA Y DESASTRE: CINCO MUERTOS Y MÁS DE 50 HERIDOS

La fatiga de los habitantes de Llallagua, comerciantes y transportistas los motivó a buscar la liberación de las rutas a través de sus propias tácticas. Esto derivó en un día de enfrentamientos violentos: piedras, explosivos, disparos y ataques directos a ambulancias y personal de salud. El pico de la violencia se produjo cuando tres oficiales de policía y un bombero perdieron la vida durante la operación de desbloqueo, en un ataque con armas de fuego y explosivos. Además, un civil falleció en Cochabamba, elevando la cifra total de muertos a cinco (Urgente.bo).

Los informes oficiales señalan más de 50 heridos solo en Llallagua, aunque se espera el informe médico oficial para precisar el número y estado de salud de los afectados. Entre los fallecidos, los uniformados han sido identificados como el sargento 1ro Jesús Alberto Mamani Morales, el teniente Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, el teniente Carlos Enrique Apata Tola y el subteniente Christian Calle Alcón. Hasta el momento, hay 15 personas aprehendidas, principalmente vinculadas a los ayllus Chullpas de Potosí, quienes fueron vistos portando armamento, dinamita y otros insumos para enfrentar a la Policía (Urgente.bo).

La comunidad atraviesa etapas de temor, donde la fuerza policial y el gobierno se ven completamente sobrepasados por la violencia y la severidad del enfrentamiento. Estas tragedias no solo impactan a las familias de las víctimas, sino que también provocan un daño significativo en la confianza de los ciudadanos y en la legitimidad de las instituciones. Es claro que cuando la violencia política causa muertes, la sociedad ha sobrepasado un margen de riesgo, donde la fuerza y la intimidación obstaculizan el diálogo y el respeto a la ley.

La violencia no es un "exceso" ni un perjuicio secundario: es la consecuencia directa de una cultura política que menosprecia la independencia personal y favorece la presión colectiva. Cuando la fuerza sustituye el diálogo, la norma del más poderoso se establece y la coexistencia se desmorona.

ESTADO AUSENTE, ADVERTENCIAS Y AMENAZAS

Dentro del desorden, la falta de una acción gubernamental eficaz ha dejado a la población a merced de la violencia y la arbitrariedad. Con la policía sobrepasada y el gobierno central sin habilidad (o disposición) para restablecer el orden, las personas se han visto forzadas a coordinar patrullas vecinales, crear fogatas compartidas y ponerse en peligro de enfrentamientos directos para tratar de restaurar un poco de normalidad. El temor y la duda prevalecen en las vías públicas (Opinión Bolivia).

Entre tanto, Evo Morales ha emitido alertas de carácter militar y ha instruido a sus bases a monitorear a comandantes de policía y militares, lo que ha intensificado la tensión y el ambiente de temor (El Deber). Morales por un lado critica al gobierno tildándolo de represor y, por otra parte, sus solicitudes a la "insurrección", así como la presión que realizó a las autoridades sólo podrían complicar aún más la situación, limitando la existencia del resto de los bolivianos. La falta de una autoridad legítima y las amenazas explícitas desde la cabeza política refuerzan la idea de que el Estado no controla la situación y que el ordenamiento jurídico es solo una proposición para quienes tienen capacidad de movilización.

VIOLENCIA GENERALIZADA: EL CASO DE COCHABAMBA

La violencia no se limita a Llallagua. En Cochabamba, las acciones de desbloqueo han provocado también heridos y episodios de enfrentamiento entre los manifestantes y las autoridades (El Deber). El país entero se encuentra inmerso en un ciclo perjudicial de agresión, donde la política se ha convertido en una lucha intensa por el poder, y los derechos individuales se encuentran relegados frente a la lógica de la masa y el caudillismo.

Estos episodios nos muestran que la violencia política no es una situación específica o única en una región en particular, sino que es un signo de crisis nacional en la que la incapacidad del sistema institucional para garantizar el orden y cumplir con los derechos individuales debido al miedo, la polarización y el fracaso social; y donde la violencia se normaliza a medida que un agente de presión adquiere la estructura de una vida colectiva.

EL TRASFONDO: PODER, AMBICIÓN Y RUPTURA INSTITUCIONAL

La crisis en Llallagua y otras regiones es un reflejo del colapso interno del Movimiento al Socialismo (MAS) y la ambición personal de Evo Morales, que está tratando de forzar su candidatura, a pesar de los límites legítimos y el rechazo del Tribunal Constitucional (El Deber, Opinión Bolivia). Recurrir al uso de bloqueos, amenazas y violencia como instrumentos de confrontación política equivale a dar la espalda a las reglas del juego democrático y a la libertad de los ciudadanos. Aquí no estamos hablando de una pelea entre partidos y políticos por hacerse con el poder, estamos hablando de un ataque claro y contundente al orden institucional y a la convivencia pacífica.

Si se anteponen los intereses de cada uno de los líderes y actores, esos muy particulares intereses personales, al interés del conjunto del organismo político, si se utiliza la población como una suerte de prenda de cambio en las estrategias de los partidos, entonces la democracia se convierte en una democracia vacía. La ciudadanía pierde la confianza en las reglas del juego, y la razón de la muerte prematura de la democracia es, al final, la negación de la libertad y la subordinación de la sociedad a la voluntad de unos pocos.

CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO Y EL USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA

La crisis actual evidencia el fracaso de una democracia reducida a la aritmética de mayorías y la urgente necesidad de reivindicar el constitucionalismo democrático: un sistema en el que el poder está limitado por principios y normas que protegen a todos, incluso frente a la voluntad de la mayoría. Solo bajo un verdadero Estado constitucional de derecho, donde los derechos individuales no puedan ser sacrificados por intereses coyunturales, puede florecer una convivencia libre y digna.

La filosofía política liberal, desde Locke hasta nuestros días, sostiene que la existencia del Estado se justifica en la medida en que protege los derechos individuales mediante el monopolio legítimo de la fuerza. Cuando el Estado abdica de esta responsabilidad, o cuando grupos particulares asumen por la fuerza la defensa de sus intereses, se erosiona el fundamento mismo de la convivencia civilizada. Frente a la violencia sistemática de los agresores, la respuesta estatal —limitada, proporcional y sujeta a la ley— es un acto de legítima defensa colectiva, indispensable para restablecer el orden y garantizar la libertad de todos. No se trata de justificar la represión indiscriminada, sino de recordar que la ausencia de autoridad legítima deja a la sociedad a merced de la ley del más fuerte.

UN LLAMADO A LA LIBERTAD Y LA RESPONSABILIDAD

La reconstrucción del tejido social en Bolivia exige más que el rechazo a la violencia: requiere la defensa activa de un constitucionalismo democrático, donde el Estado, y solo el Estado, ejerza la fuerza bajo el imperio de la ley para proteger los derechos de todos. Solo así se podrá desterrar la lógica de la imposición y restablecer la confianza en la libertad, la responsabilidad y el respeto recíproco.

La historia enseña que cuando la voluntad de unos pocos se impone sobre la ley, solo queda el caos; pero cuando la ley protege a cada individuo, la libertad y la dignidad pueden florecer, incluso en tiempos de crisis.